10 consideraciones del dictamen de la COFEMER sobre la Ley FinTech

10 consideraciones del dictamen de la COFEMER sobre la Ley FinTech
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18 de Oct, 2017

El pasado 28 de septiembre se emitió el dictamen total de la Comisión Federal de Mejoras Regulatorias (COFEMER) en relación al anteproyecto de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (“Ley FinTech), cuya iniciativa se encuentra en proceso de revisión ante Congreso de la Unión.

En dicho dictamen se hizo una evaluación de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en relación a la Ley FinTech que se propone, con el fin de verificar que los beneficios de dicho marco regulatorio sean superiores a sus costos de cumplimiento.

Al respecto, la COFEMER dictaminó que el anteproyecto de la Ley FinTech sí cumple con los objetivos de mejora regulatoria en términos de transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones que contiene, así como de generación del máximo beneficio para la sociedad; habiendo concluido, de acuerdo al análisis de la MIR, que la implementación del “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” (el “Decreto Ley FinTech”) aporta beneficios superiores a los costos de cumplimiento de sus disposiciones.

En virtud de lo anterior, la COFEMER resolvió aprobar el anteproyecto referido, señalando así que la SHCP puede proceder con las formalidades necesarias ante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) para la publicación del mismo en el Diario Oficial de la Federación.

A continuación, te presentamos en 10 puntos una síntesis de las principales consideraciones y argumentos bajo los cuales se emitió el dictamen aprobatorio de la COFEMER:

1.        Actualmente solo el 39% de los 127 millones de mexicanos tienen acceso a servicios financieros formales.

2.       El no tener cuenta bancaria en estos tiempos representa para cualquier persona una seria limitante para mejorar su calidad de vida, para fortalecer las finanzas personales y para lograr una inclusión social.

3.        Gran parte de la población que no tiene acceso a la banca tradicional y a servicios financieros formales, o que rechazan estos últimos por sus limitaciones, complejidad o costos, termina recurriendo a otros mecanismos financieros no tradicionales que por lo general no operan en la legalidad, no están regulados, presentan alto riesgo y/o manejan altos intereses, tal como es el caso de los préstamos milagro, las tandas y los usureros.

4.       El desarrollo del sector FinTech es muy positivo para el país, dado que las alternativas de productos y servicios financieros que ofrece permiten mayor inclusión financiera, mejoran la competencia y tienden a ser más innovadores y especializados que los del sector financiero tradicional.

5.       Las alternativas que ofrece el sector FinTech definitivamente contribuyen a fomentar el uso de nuevos canales de acceso y a introducir nuevos productos que permiten cubrir de mejor manera las necesidades del mercado.

6.       México es buen terreno para el sector FinTech, ya que tiene alta penetración de Internet fijo y móvil, un adecuado ecosistema comercial electrónico, y un creciente número de reformas a sectores medulares y adyacentes del sector financiero.

7.       Actualmente no existe un marco jurídico que regule las operaciones del sector FinTech y ello implica una problemática de interés público, pues dicho vacío normativo envuelve una serie de inconvenientes, entre los que destacan los siguientes:

- Los servicios financieros que se prestan a través de instituciones tecnológicas no pueden desarrollarse adecuadamente dada la incertidumbre jurídica.

- La inexistencia de incentivos y señales por parte de la autoridad para que se incorporen nuevos participantes al mercado mediante el uso de soluciones tecnológicas.

- Las autoridades financieras no cuentan con facultades de supervisión por lo que no existe algún ente protector de la estabilidad del sistema financiero ni de los intereses de los usuarios en este sector.

- Impide tomar medidas en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudieran involucrar lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

- Ausencia de normas que regulen el uso de herramientas tecnológicas para poner en contacto a inversionistas y solicitantes de recursos, así como para el manejo de fondos de pago electrónico, lo cual implica incertidumbre jurídica en las operaciones que actualmente se realizan con dicha tecnología.

8.       El objetivo del Decreto Ley FinTech propuesto por la SHCP, consiste en la creación de un marco regulatorio que ordene el mercado y brinde seguridad y certeza jurídica a las personas que, a través de plataformas o herramientas tecnológicas, facilitan la celebración de operaciones y servicios financieros relacionados con el acceso al financiamiento e inversión, servicios de emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico, además del uso de activos virtuales en dichas operaciones.

9.       Derivado del análisis costo-beneficio de la Ley FinTech expuesto por la SHCP en la MIR, se concluyó que los beneficios que aporta son superiores a los costos que implica, ya que, si bien los entes regulados tendrán que incurrir en diversos costos para su cumplimiento, tales como i) la presentación de trámites y solicitudes de autorización ante la CNBV y otras autoridades financieras (con esta ley se crearían 11 nuevos trámites administrativos), ii) elaboración e integración de información y documentación requerida para dichos trámites, iii) actualización de su información en registro por modificaciones, iv) elaboración y presentación de informes, v) adquisición e implementación de sistemas informáticos y políticas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; así como, vi) el pago de cuotas de inspección y vigilancia a la CNBV, vii) la conservación del capital mínimo exigido para las Instituciones de Tecnología Financiera (ITFs) y, viii) la presentación de reportes periódicos y reportes finales de acuerdo a las obligaciones establecidas; la implementación de la Ley FinTech traerá consigo los siguientes beneficios:

- La población en general se verá beneficiada al poder acceder a nuevos servicios, financiamiento, inversión, innovación tecnológica, mejores productos y menores precios.

- Las autoridades financieras van a tener las herramientas necesarias para supervisar y, en su caso, sancionar las conductas que no sean apegadas al marco normativo.

- En un ambiente de competencia, se propiciará que los productos y servicios financieros tanto del sector tradicional como del sector FinTech aumenten su calidad y disminuyan sus precios.

10.     En base a los puntos anteriores, la COFEMER concluyó que la propuesta regulatoria coadyuvará en el futuro a la diversificación de las inversiones del sector productivo, la atracción de inversión extranjera y la generación de un nuevo mecanismo de capitalización de proyectos, lo cual servirá como catalizador del crecimiento económico del país; además de contribuir a la generación de nuevos medios de financiamiento, a la creación de nuevas líneas de crédito para emprendedores, a la eventual reducción de costos de operación de las instituciones bancarias y al aumento de la profundidad financiera del país.

 

En general el anteproyecto de la Ley FinTech parece contar también con el respaldo y aprobación de los principales participantes del gremio financiero y del sector FinTech del país, particularmente de la Asociación de Bancos de México (ABM) y la asociación FinTech México A.C.; sin embargo resulta inevitable cuestionarse con qué medidas y herramientas se contará para simplificar los diversos procesos y requerimientos que exigirá la Ley FinTech, de manera que los trámites, costos y cargas administrativas que tendrán que asumir las ITFs para poder operar, no sean vistas por los particulares como trabas u obstáculos que desincentiven, entorpezcan o retrasen el emprendimiento y/o crecimiento de negocios del sector FinTech, en lugar de facilitar e impulsar el desarrollo de los mismos.

 

Por Alejandra Rivas Silva

Bc2.mx - Coordinadora editorial y analista

 

18 de octubre de 2017.


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