A 10 años de la implementación del modelo de justicia penal acusatorio: Muchos retos, ruido y pocas nueces.

A 10 años de la implementación del modelo de justicia penal acusatorio: Muchos retos, ruido y pocas nueces.
05 de Jun, 2018 El epígrafe con el que inician las palabras, palabras y más palabras del documento de trato, concluye con una reflexión y sentencia final que en sí expresa el argumento central del presente texto: Muchos retos, ruido y pocas nueces. Para dicho encabezado retomo parte de aquella coloquial frase que a su vez llevase el título de una de las espléndidas creaciones del canon de la literatura William Shakespeare, ya que el brevísimo ensayo que se presenta al culto lector bien podría haberse intitulado tan solo: Mucho ruido y pocas nueces, pues en dicho aforismo correctamente puede resumirse y dar contestación a qué es lo que ha ocurrido luego de diez años de la implementación en nuestro país de un nuevo modelo de justicia del cuál mucho se ha hablado, empero del que se conoce tan pero tan poco.

Sobre esto último ya lo apuntaría el filósofo, matemático, lingüista y célebre lógico austriaco Ludwig Wittgenstein en su espléndido Tractatus lógico-philosophicus en relación a que de aquello que pueda ser dicho se diga lo que se guste, mas de aquello que no se conoce mejor ni pronunciar palabra alguna. Wittgenstein en uno de sus más reconocidos apotegmas nos lega aquella máxima que reza: “De lo que no se puede hablar hay que callar”. Y es que en realidad la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia del 18 de junio de 2008 llegaría como una urgente respuesta al pútrido modelo de justicia penal que tuviéramos en México y en el cual imperara por muchos años: la corrupción, el rezago, nulidad en las investigaciones, además de una serie de presupuestos constitucionales que abonaban al fracaso de nuestro sistema, dando fácil entrada a un nuevo modelo que por lo menos en la propaganda oficial, en principio, se presentaba como una salida a los pésimos resultados que brindaba la procuración y administración de justicia. Pero en realidad los juicios orales representaban no solo un cambio de formas, sino la manufactura de un proceso penal que en el fondo se construía con base a una serie de principios retomados de modelos acusatorios de la familia jurídica del Common Law, erigiendo por vez primera en rango constitucional importes como: la presunción de inocencia, la igualdad entre las partes, la defensa técnica del imputado o una serie de mecanismos de descongestión procesal para por medio de una salida alterna o un modo simplificado de terminación del procedimiento a través de la figura del abreviado, se concluyera la causa iniciada en beneficio de los interesados y de los fines del propio proceso.

Sin embargo aquel buen intento por un cambio verdadero, se realizó sin uno de los más importantes protagonistas: la difusión. Pues mientras aquella anticuada ya reforma de 2008 continúe siendo impopular, es decir, en tanto no exista una verdadera socialización de la misma, todos los esfuerzos, por más que se hagan, resultarán infructíferos. Por ello la mención que antes mencionaba del tratado de Wittgenstein, pues en realidad a pesar de que existen casos de éxito en pocas entidades federativas en alguna de sus áreas de justicia y buenas prácticas que se aplauden de igual forma a nivel federal dentro de la estructura PGR o del propio Poder Judicial de la Federación, lo cierto es que se han tenido resultados muy pobres, se ha mal capacitado y al final a diez años de implementación en México: no ha permeado ¿qué son o para qué sirven los juicios orales? Y si bien, mas allá de dicha interrogante hace falta infraestructura o mayor capacitación para los operadores del sistema en general (empezando por jueces y magistrados por cierto), en un modelo entre adversarios, lo que más falta hace (que resulta además imprescindible): es que las partes involucradas de forma directa (contendientes: víctima u ofendido/ e imputado), conozcan cuáles son sus derechos y cómo funciona el proceso penal, pues al último como lo expresara en su Moderna Dogmática Penal el profesor multi Doctorado Günther Jakobs: todo es comunicación.

Por tanto en las brevísimas líneas que comparto presentaré cinco de los puntos que estimo principales a fin de que se comprenda la lógica procedimental del modelo acusatorio, para luego culminar las mismas con algunos apéndices a modo de reflexión y peroratio:

1. Como se advierte al interior del propio título del texto, se habla de un modelo acusatorio, mas ¿porqué se denomina de esta manera? Pues bien, lo anterior ya que existe una clara distinción en los roles y tareas que realizan los órganos que participan en la contienda, esto es: un órgano de acusación conformado por el Ministerio Público, la víctima u ofendido del delito y su Asesor, de frente a un órgano conformado por el imputado y su defensor y ambos frente a un Juzgador (como órgano de decisión) que se encarga de garantizar un debido proceso. Pues previo a la implementación del nuevo modelo de justicia penal se tuvo un modelo que en su propia nomenclatura hacia ver como operaba el mismo: inquisitivo y en él, contrario a lo antes enunciado, no existía tal división de las funciones de sus operadores. Se prejuzgaba por ejemplo al interior de una averiguación previa con un modelo de pruebas tasado que llevaba la autoridad ministerial y además muchas veces el Juez hacia las veces de Parte (al ordenar alguna diligencia por ejemplo) cuando es de conocimiento general observándose hasta en el deporte mismo que no se puede ser juez y parte.
2. Un modelo entre adversarios implica que las partes se encuentren en igualdad de armas (ver numerales 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales: en adelante CNPP), lo que permita que éstas puedan solicitar la práctica de aquellas diligencias de investigación que estimen convenientes para el esclarecimiento de los hechos, además de que en las audiencias que se realicen, se puedan refutar sus pretensiones (planteadas por ambos: MP/Defensa) y asimismo con dos de sus principales principios rectores que garantizan este ejercicio: la contradicción y la inmediación.
3. Un sistema de audiencias orales y públicas garantiza lo que antes en un modelo escrito y privado era inimaginable: transparencia en los actos de las instituciones del Estado, con lo cual se evidencia aquella autoridad que realice mal su trabajo, además de que se genera mayor credibilidad ciudadana en cuanto a una procuración de justicia. Sin embargo reitero al estar inmerso en un proceso comunicativo dentro de un sistema de audiencias, resultará absurdo otro más de sus principios rectores como es la publicidad en tanto no sea conocido a plenitud por quienes pueden acudir a las mismas: población en general, medios de comunicación. Ya diría Mirabeu: dadme al juez que queráis, me peor enemigo incluso, que nada pueda hacer frente a su pueblo. Mas en tanto ese pueblo no comprenda que ocurre en dicha audiencia, tal ejercicio comunicativo no sirve de nada para garantizar tal principio rector.
4. Se erige por vez primera en rango constitucional la presunción de inocencia (al interior de la fracción I del apartado B del artículo 20 Constitucional), con lo cuál se obliga al órgano que acusa a tener fortaleza en su investigación sin que se fabriquen delincuentes (los miles de presuntos culpables que poblaron nuestros centros carcelarios) con el fin de tener por así decirlo controlada a una sociedad que además no obtenía la reparación del daño que por cierto hoy forma parte de uno de los objetivos que persigue el proceso penal.
5. Una nueva modalidad que presentó la multicitada reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008 al interior de los numerales 17, 20 apartado A fracción VII y 21 Constitucionales fue la inclusión de diversos mecanismos de descongestión procesal (salidas alternas, procedimiento abreviado y criterio de oportunidad) como un abanico de posibilidades para llevar un asunto por otras vías: cesando incluso la persecución penal en aquellos casos de mínima cuantía por ejemplo como uno de los planteamientos de los criterios de selección (artículo 256 del CNPP) o llevando el asunto incluso de forma particular (ver del numeral 426 al 432 del CNPP con la figura de la Acción Penal por Particular).

Finalmente, a modo de conclusión propongo cinco áreas de oportunidad que en torno al postulado del presente texto dependen tan solo de una correcta difusión de nuestro proceso penal:

1. Debe concientizarse a la sociedad en general a fin de que se entienda que no todo es cárcel, pues además bajo un presupuesto como la presunción de inocencia se deberá tratar como inocente en todas las etapas del proceso a aquella persona que se le impute la intervención en un hecho delictivo. Por lo cuál podrá ésta llevar en libertad la sustanciación del mismo, pudiéndosele imponer una medida preventiva que garantice su presencia en el desarrollo del proceso o cuando fuere necesario para garantizar el resto de fines: proteger a la víctima, ofendidos o sociedad en general. Mas si no fuere necesario se podría prescindir de un gran costo que se eroga en los centros penitenciarios: 500 millones de pesos por encima del presupuesto federal anual asignado a seguridad pública es lo que se destinaba en nuestro país para la manutención y operación de nuestras cárceles.
2. En relación con el punto anterior, la víctima del delito deberá comprender que gana más si obtiene la reparación de su daño, que teniendo a una persona recluida en un centro penitenciario. Por lo cuál debiera difundirse que se puede llegar a un arreglo más fácilmente y sin necesidad de llevar todo un juicio por medio de un mecanismo alternativo de solución de conflicto con una mediación o una conciliación, que permita en su caso un acuerdo reparatorio, en el cual como su nombre lo indica, se obtenga en principio la reparación del daño causado por el delito (y sólo en ciertos delitos permitidos por la ley de la materia: CNPP) y en beneficio de aquél que lo hubiere cometido al quedar sin antecedente penal alguno (y siempre que no reincida en su conducta).
3. Uno de los pilares más endebles en la consolidación del modelo acusatorio ha sido la falta de capacitación de las autoridades que participan en el proceso, así como de los propios abogados privados: representantes de los intereses de los imputados o de las víctimas del delito. Con ello, se han venido llevando audiencias con muchas malas prácticas que en nada abonan al novel proceso mexicano. Por tanto deberán redoblarse esfuerzos a fin de que todas las autoridades vinculadas al proceso penal conozcan del mismo luego de una debida formación que les permita contar con las herramientas suficientes para desempeñar un papel adecuado en pro de la sociedad y de nuestra justicia.
4. Mientras las autoridades encargadas de la consolidación del modelo (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como Poder Judicial y Ejecutivo en tratándose de Defensoría) no cuenten con un diagnóstico que permita identificar necesidades (reingeniería institucional por ejemplo) y costos de operación por Entidad Federativa, se estará “procurando y administrando justicia” con lo que hay y no con lo que debiera ser.
5. Finalmente mientras la población y las propias autoridades (muchas veces culpa del propio fetichismo legislativo), continúe sin entender como funciona su modelo de justicia, será imposible que advierta si los operadores están desarrollando su trabajo de forma correcta y así todo lo que éstos realicen parecerá ser conforme a lo establecido por la norma. Recordar que en un mundo de ciegos el tuerto es Rey…


Por Raúl Iruegas Alvarez 

Abogado egresado de la Universidad de las Américas Puebla, cuenta con estudios de especialidad en destrezas de litigación oral, una maestría en juicios orales, un doctorado en derecho penal y un pos doctorado en derecho. Ha sido litigante y capacitador en distintas entidades del país en relación al nuevo modelo de justicia penal. Es catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales y ha escrito dos obras: “Los Juicios Orales en México. Hacia la consolidación de un sistema penal garantista”, así como “Cuentos, mitos y leyendas en relación con el mundo jurídico”. Actualmente se desempeña como Director del Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.


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